A partir del primero de junio la factura del servicio de energía eléctrica tendría un aumento de 16,5 % para los usuarios residenciales que no tengan tarifa social, siendo un alza total de 42,7 % en el año.
Asimismo, según la Secretaría de Energía, las personas con mayor poder adquisitivo tendrían un alza de 6.8 % en su tarifa, acumulando 21,2% en el año.
Al respecto, el presidente Alberto Fernández defendió la actualización tarifaria de los servicios de gas y electricidad y la segmentación de las mismas, ya que «se está subsidiando energía al 10 por ciento más rico del país, lo que no es justo en términos igualitarios».
La jornada fue presidida por el subsecretario de Coordinación Institucional de la Secretaría de Energía, Guillermo Usandivaras, quien dio a conocer el informe con la propuesta oficial. En este se destaca que el Estado afrontará en el primer trimestre del año subsidios en el orden del 81,85 % del costo total de la electricidad para abastecer a la demanda residencial.
Así las cosas, según el Coeficiente de Variación Salarial de 2021, un usuario sin el beneficio de tarifa social que pagó en enero $1.315 de factura final (con impuestos), debió abonar $1.610 en marzo y tendrá que desembolsar $1.876 a partir del primero de junio. En el caso de aquellos que tengan el beneficio de tarifa social, los pagos de la factura final serán de $743, $ 843 y $901, respectivamente.
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Opiniones
Las opiniones frente a la medida no se hicieron esperar. Jimena Latorre, diputada de Juntos por el Cambio, señaló que el problema del aumento de las tarifas “estaba prácticamente resuelto”, por lo que cuestionó que por “torpeza” del Gobierno actual se hubiera revertido la situación de los subsidios.
Por su parte, el gerente de la Asociación de Distribuidoras de Energía Eléctrica (Adeera), Claudio Bulacio, propuso la «sanción de un precio estacional único y sostener los subsidios para los usuarios vulnerables», pero aclaró que «dada la gran diferencia actual entre el precio y el costo, este proceso debe ser gradual y previsible para los usuarios y para el sector».
“Es un tratamiento desigual e injusto para el resto de los segmentos de la cadena y puede tener consecuencias en la provisión del servicio y llevar a la judicialización de la situación”, dijo Federico Méndez, en representación de Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande del país.
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