“Las consecuencias que se perciben frente a la prohibición del fracking, no solo son la pérdida de una oportunidad para aumentar reservas de gas y petróleo, sino de los ingresos propios de la actividad que tiene un peso importante dentro de la economía nacional”, afirmaron los expertos.
Expertos de la Universidad Externado de Colombia analizan el panorama del fracking y la exploración de crudo y gas en el país con el nuevo contexto del Gobierno de Gustavo Petro
El fracking y la exploración de petróleo en Colombia han sido blanco de polémicas y debates durante los últimos meses, en especial en vísperas de la entrada del nuevo Gobierno con Gustavo Petro.
Desde su campaña para llegar a la Presidencia, el nuevo mandatario dejó claro su plan respecto a estas actividades de exploración de crudo y gas en el país, en el que incluye la suspensión de pilotos de fracking, así como el desarrollo de una transición energética gradual.
¿Cuál será el futuro de la producción de petróleo en Colombia?, ¿Qué pasará con las actividades de exploración de crudo con el Gobierno de Petro?, ¿Este mandato se centrará en otras fuentes de energía?
Para conocer las respuestas a estas y otras incógnitas que rodean este tema, Energía Latam consultó sobre el panorama del fracking y la producción de petróleo en el país a los expertos Ana Paola Gutiérrez y Luis Bustos, investigadores docentes del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado de Colombia.
ENERGÍA LATAM: Según el Observatorio de Complejidad Económica, en el 2020 el país exportó 7.460 millones de dólares de crudo de petróleo, ¿cómo afectará la continuidad de este nivel de exportación en el Gobierno de Gustavo Petro?
En nuestro concepto, Colombia no es un país petrolero, es un país con petróleo. Es un país rico en recursos naturales, entre ellos, el petróleo. De acuerdo con el Banco de la República, otro punto es la dependencia económica frente al petróleo, principalmente, por su generación de renta externa, contraprestaciones económicas por su explotación y ser uno de los productos tradicionales de exportación.
El Gobierno entrante propone un reemplazo de fuentes de energía y fuentes económicas. En ese sentido, se ha comprometido con la seguridad jurídica frente a los contratos vigentes para buscar nuevas reservas de crudo, pero cesar la contratación de exploración de petróleo en el país.
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Al bajar los niveles de exportación de crudo, existe el riesgo inminente de dejar de percibir el valor correspondiente a la tercera parte de las exportaciones que, en 2021 fueron cerca de 13.500 millones de dólares, sin contar, como lo señala la Asociación Colombiana del Petróleo, los ingresos que se dejarían de percibir producto de la exploración que son cerca de 4.500 millones de dólares de 2022 a 2026 en aportes fiscales.
Sumado a lo anterior, de cara a la sustitución de fuentes de energía no puede desconocerse el riesgo en que no se dé una transición segura y se afecte la seguridad energética por falta de capacidad de autoabastecimiento. En consecuencia, se debe seguir avanzando en una transición energética segura, paulatina e irreversible, pero sin desconocer la importancia de la coexistencia de fuentes para garantizar el abastecimiento y evitar sobrecostos que afecten la calidad de vida de los habitantes.
E.L: En el Gobierno de Iván Duque se aprobaron dos proyectos piloto de Fracking, ¿qué pasará con estas iniciativas y qué consecuencia tendrá el que sean prohibidas por el Gobierno entrante?
Frente a los dos proyectos, el piloto Kalé cuenta con licencia ambiental y el otro, el piloto Platero, está en trámite de licencia. Sin embargo, ninguno tiene operaciones activas. Se espera que los contratos que fueron firmados para los proyectos piloto de investigación integral se cumplan. Por su parte, Ecopetrol ha señalado que, cumplirán las obligaciones legales que se deriven de los contratos y licencias.
Se debe tener en cuenta el reciente pronunciamiento del Consejo de Estado en el que a pocos días del cambio de Gobierno, se levantó la medida cautelar de suspensión provisional de los actos administrativos que regulaban la actividad y resolvió la nulidad promovida en contra de los Decretos 3004 del 26 de diciembre de 2013 y la Resolución No.90341 del 27 de marzo de 2014, en los que se establecen los criterios, procedimientos y requerimientos técnicos para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales.
En términos prácticos, la regulación sobre la actividad está vigente y generando efectos dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Como consecuencia, los contratos y obligaciones firmadas que tienen soporte en estas normas estarían vigentes y se deberían ejecutar, incluyendo, como ya se mencionó, todos los compromisos y acciones concernientes con los pilotos.
Por otra parte, las consecuencias que se perciben frente a la prohibición, no solo son la pérdida de una oportunidad para aumentar reservas de gas y petróleo, sino de los ingresos propios de la actividad que tiene un peso importante dentro de la economía nacional.
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A futuro nos podremos encontrar con dos escenarios: el primero, que se deroguen los decretos mencionados por parte del gobierno entrante y se decida no expedir ninguna nueva reglamentación, lo que nos llevaría a un escenario en el que el país cuenta con una actividad económica lícita sin ningún tipo de reglamentación clara.
Este escenario no es nada deseable, ya que generaría periodos de indeterminación y zonas grises que no son convenientes para Colombia. Un segundo escenario consiste en derogar los decretos, pero, a diferencia de la anterior opción, instaurando una prohibición expresa de la actividad acompañada de una explicación de los pasos a seguir, frente a las obligaciones y contratos ya firmados que tuvieron sustento en la reglamentación previamente subrayada y que incluiría una disposición frente a los pilotos.
En todo caso, para nosotros renunciar a la información que nos puede proveer los pilotos sería una renuncia a la información científica para la toma de decisiones de política pública.
E.L: El Presidente electo propone una transición con energías renovables, ¿qué beneficios, o en su defecto, qué consecuencias tendrá esta decisión en la economía?
Colombia viene trabajando en acelerar la transición energética hacia fuentes más limpias. Por ello, se destaca el papel del gas natural y los avances en la incorporación de fuentes de energía renovables no convencionales. En ese sentido, es relevante seguir avanzando en la transición, pero debe hacerse un llamado a que sea una transición segura y justa, por lo que no debe desconocerse la experiencia de países que han tenido que revertir medidas frente a la transición ante el riesgo de desabastecimiento.
Sería deseable que los debates y diferencias que se presenten sobre estos temas se resuelvan por medio del poder legislativo, ofreciendo claridad a los inversionistas e integrando en el centro de las discusiones los análisis de tipo ambiental y social previo a la creación de reglamentos que desarrollan las normas provenientes del Congreso, principalmente en lo relacionado con el otorgamiento de licencias y firmas de contratos.
El exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, en sus clases en la Universidad Externado ha indicado que son varios los factores a tener en cuenta en estos ejercicios y es un error el solo enmarcarnos en el aspecto ambiental, deberíamos aprender de la experiencia europea, en la que, por la fuerza de las circunstancias, se vienen repensando las políticas de transición energética en búsqueda de la reivindicación de aspectos como la seguridad nacional y la soberanía energética.
E.L: ¿Cuál es la percepción que tiene el gremio de los planes de Petro?
Apoyar la transición energética hacia fuentes de generación de energía más limpias a las tradicionales, la reducción de emisiones, pero haciendo un llamado a no desconocer la importancia de los hidrocarburos en Colombia.
En los últimos años, el empresariado ha venido invirtiendo y prestando más atención a los estándares y aproximaciones que pueden ser aplicadas a los temas sociales y ambientales del sector. Consideramos que seguirán esta misma línea a la hora de presentarse como una opción de apalancamiento para la mejora de la calidad de vida de todos los colombianos.
Todos estos debates abordarán en nuestro XXII Congreso Nacional de Derecho de la Energía que se desarrollará a finales del mes de agosto, por lo que invitamos a los lectores a acompañarnos y ver de manera más detallada cuál es el futuro de la industria minero energética en Colombia.
