El pasado 14 de febrero, en medio del Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por Diego Mesa Puyo, ministro de Minas y Energía de Colombia, se confirmó que el proyecto Hidroituango no tiene ninguna restricción actual para generar energía.
Paralelamente, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, junto al grupo EPM (Empresas Públicas de Medellín), aseguraron que la primera de las turbinas de la represa entraría en funcionamiento el 26 de julio del presente año, las cuales tienen la capacidad de generar 600 megavatios por hora.
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Sin embargo, hace pocos días se dio a conocer una carta firmada por Braulio Saraiva, director general del consorcio de la obra, dirigida al ingeniero William Giraldo Jiménez, donde se afirmaba que los cronogramas del proyecto no coinciden con la primera fecha prometida por EPM, pues sólo hasta octubre se iniciarán las pruebas con agua.
“Según la programación que conocemos, la ruta crítica de entrada en operación de la primera unidad está marcada por el blindaje de las conducciones y codos superiores, así como los concretos alrededor de estos, y cuya finalización prevé el inicio de las pruebas con agua para el mes de octubre de 2022”, apuntó el documento.
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¿Cómo contribuirá el retraso de Hidroituango a una escasez energética?
Con esto, es de esperarse que la obra en su totalidad se vea retrasada y que, por ende, se vean perjudicados los objetivos de sustentabilidad que se ha trazado el país en estos últimos años, específicamente para alcanzar la neutralidad del carbono.
Alejandro Castañeda, director de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (ANDEG), resaltó que, aunque la demanda eléctrica de Colombia se encuentra cubierta hasta mediados del 2024, el retraso de este proyecto generaría una escasez energética hacia el 2025, la cual tendría nefastas consecuencias para el país, como un alza insostenible en las tarifas.
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